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UCHURACCAY: Crimen aun no resuelto

José Luis Soberanes, dijo hoy que el periodismo en México se ha convertido en una 'profesión peligrosa
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 El 26 de enero de 1983 fueron asesinados en Uchuraccay (Ayacucho) ocho periodistas de importantes diarios limeños, un guía y un comunero de la zona: Cuatro meses después de ocurrido el asesinato de los periodistas efectivos policiales descubrieron unos rollos fotográficos que precisamente habían registrado los momentos antes de la tragedia. Este material fotográfico pertenecía a Willy Retto, reportero gráfico de El Observador, y uno de los victimados.

Los fallecidos en Uchuraccay fueron Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Felix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendivil y Willy Reto de El Observador, Jorge Sedano de La República, Amador García de la revista Oiga, y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argumedo y el comunero Severino Huáscar.

El caso que conmocionó al Perú motivó la realización de investigaciones. La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, que presentó su informe un mes después y señaló como responsables a los comuneros de la zona.

La segunda investigación fue realizada por el Poder Judicial. En agosto de 1983, al cumplirse el plazo fijado por la ley para el término de la instrucción, fue ampliado a dos meses más, y posteriormente se autorizó una segunda ampliación.

El informe del juez Juan Flores Rojas al término del primer plazo ampliatorio señalaba que había 17 comuneros acusados, sin embargo, denunció en aquella ocasión la falta de apoyo para cumplir con la captura de los autores del crimen, y con diligencias relacionadas con las investigaciones.

El caso pasó a Lima por las irregularidades registradas en Ayacucho. Finalmente se responsabilizó de la muerte a los campesinos y la autoridad judicial condenó a tres de ellos. Testigos e inculpados murieron misteriosamente a lo largo del proceso. Los presuntos autores intelectuales no recibieron castigo.

Meses después de ocurrida la tragedia, fueron asesinados en Uchuraccay, a consecuencia de los ataques terroristas y la represión militar, 135 comuneros. A mediados de 1984, la comunidad de Uchuraccay dejó de existir: las familias sobrevivientes huyen y se refugian en las comunidades y pueblos cercanos. Recién en octubre de 1993, algunas familias iniciaron el regreso.

Los hechos

Los periodistas partieron a las 6:05 de la mañana del 26 de enero de 1983, del hostal Santa Rosa rumbo a la imprenta de Octavio Infante García (donde editaba el diario Noticias), ubicado en la esquina de los jirones Manco Cápac y Libertad, dirigiéndose luego a la salida de la ciudad, al control policial de La Magdalena.

Seis días antes, el jefe militar Clemente Noel había dicho que siete senderistas habían sido asesinados por los pobladores en una demostración de valentía y rechazo a los crímenes que se cometían en los poblados más olvidados.

Los hombres de prensa abandonaron el hostal Santa Rosa en busca de la verdad. Ellos eran Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez (Marka), Willy Retto y Jorge Mendívil (El Observador), Jorge Sedano (La República) y Amador García (revista Oiga).

Después se unieron los corresponsales ayacuchanos Félix Gavilán (Marka) y Octavio Infante, además del guía Juan Argumedo. Pasaron por varios controles militares y policiales, pero nadie les advirtió el peligro. Una vez en Uchuraccay fueron interceptados por un grupo de campesinos, quienes convocaron al resto de la comunidad para luego darles muerte. El periodista Gustavo Gorriti recordó que para diciembre de 1982 los atentados dentro de la ciudad de Ayacucho se suceden y en el campo Sendero opera virtualmente al descubierto.

"El valor es lo que va a quedar para la posteridad es la determinación de estos ocho periodistas que buscando la primicia, tratando de llegar a la verdad se encontraron con la desgracia y la muerte. Ante reporteros como Willy Retto que hasta el último instante, el último suspiro siguió fotografiando, no puedo tener más que admiración. Este gesto, su vida representan lo mejor del periodismo", afirma Gorriti.

Comisión de la Verdad

La matanza de Uchuraccay, en enero de 1983, en la que ocho periodistas ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su labor informativa, dio al país indicios de la compleja naturaleza del conflicto y se convirtió en un amenazante ejemplo de los riesgos asociados al ejercicio libre del periodismo en los años por venir.

Fue precisamente como reacción a la matanza de los periodistas que por primera vez diversos sectores de la sociedad civil se vincularon entre sí para exigir la verdad. Pero fue también entonces cuando la ciudadanía percibió las inmensas dificultades de las instituciones oficiales para comprender la naturaleza del conflicto.

Ni la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay (Vargas Llosa 1983), formada por el Poder Ejecutivo, ni un prolongado proceso judicial posterior, respondieron a las expectativas de la ciudadanía por esclarecer los hechos, las responsabilidades y la naturaleza del conflicto que se iniciaba.

Al enorme riesgo del trabajo periodístico, que hacía difícil la documentación sobre lo que estaba ocurriendo, se añadió muy pronto la constatación de que los organismos del Estado que tenían la autoridad constitucional para investigar los crímenes no se encontraban a la altura de lo que exigía su misión. Los organismos jurisdiccionales no cumplían con la función de poner en conocimiento del país lo que venía ocurriendo, y el clamor de las víctimas porque se investigasen los hechos no obtuvo respuesta.

Ya sea por incapacidad técnica o por falta de voluntad, ya sea por temor o por complicidad con la grave situación, la demanda de conocer la verdad no fue satisfecha por el Estado en los años del conflicto.

Ante la agresión que sufría la prensa y la ineficacia demostrada por las autoridades judiciales, el naciente movimiento de derechos humanos y, en particular y desde la fecha del funesto crimen, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, hizo suyas las denuncias, cada vez más constantes y consistentes entre sí, de familiares de personas que habían sido "desaparecidas" en las zonas de emergencia luego de arrestos arbitrarios.

Tuvo que ser la organización gremial de los periodistas, los líderes comunitarios, las comunidades religiosas o algunos valientes profesionales quienes asumieran la dura tarea de investigar y hacerle saber al país lo que ocurría en las zonas donde se desarrollaba el conflicto.

Desde aquellos tempranos momentos, era evidente que la exigencia de saber era indesligable de la necesidad de prevenir los crímenes cometidos a través de la sanción -en ejercicio de la autoridad legítima del Estado- contra quienes resultasen culpables de esos abusos y de las estrategias que los originaron.

Texto especial para Periodismo en Línea de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú

Zuliana Lainez / ANP
Tel (511) 4270687
Fax (511) 4278493
Cel (511) 97291898
 
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